En un fallo firmado por el Juzgado Administrativo 16 de Bogotá, la destituida patrullera trans Andrea Cortés Guarín ganó una tutela en la que le exigía al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional costear el valor de su cirugía de cambio de sexo.

Este hecho, ha sorprendido a la opinión pública, puesto que hace algunos meses atrás esta persona fue destituida luego de que fuera sorprendida robando una crema facial al interior de un almacén de cadena, que ocasionó la apertura de un proceso interno disciplinario en su contra y que determinó que este delito cometido por la uniformada constituía “una falta gravísima a título de dolo”.

Pese a esto, la sentencia del Juzgado ordena al Ministerio de Defensa, expresamente que “dentro de los ocho días siguientes a la notificación, (…) proceda a reunir al grupo multidisciplinario para que valoren a la señora Andrea Cortes Guarín, con el fin de determinar de manera conjunta e integral la viabilidad y acompañamiento en la cirugía de reasignación de sexo, como requisito para dicha intervención, sin que ello implique una injerencia en la decisión médica, técnica y científica a la que haya lugar”.